Información y texto extraído a través de «Coordinadora SinMiedo«.
- Reclamamos la reparación urgente de los daños causados a la sociedad. La OMS cometió un
gravísimo error al declarar la pandemia sin cumplir los requisitos científicos necesarios y sin evaluar
correctamente los daños colaterales que esta declaración iba a provocar y que están resultando
tremendamente lesivos para la población, agravados además por unas medidas gubernamentales de
emergencia desacertadas y contraproducentes desde el punto de vista sanitario.
- Estamos a favor de una narrativa de la pandemia veraz, diferente a la que han ofrecido la OMS y los
organismos oficiales, que han contado falsedades y han dado información sesgada, manipulando y
aterrorizando a la población a través de los medios de comunicación. Rechazamos por su inutilidad
e ineficacia las pruebas PCR que generan un gran porcentaje de falsos positivos. El relato oficial es
falso porque se ha construido en base a estadísticas de fallecidos, contagios y “asintomáticos” que
no son creíbles por estar todas ellas basadas en test PCR que nunca han servido para diagnosticar
enfermedades víricas.
- Nos manifestamos a favor de una gestión social y sanitaria inteligente y eficaz, dirigida
específicamente a la población vulnerable, en vez de las medidas políticas y administrativas
adoptadas de obligado cumplimiento y de dudosa legalidad (confinamiento, mascarillas, aislamiento
y distanciamiento social de personas sanas, restricciones de horario y movilidad, prohibición de
autopsias, diagnósticos basados en test PCR inespecíficos, etc.), que han resultado ser de enorme
impacto negativo desde el punto de vista sanitario, social y económico y nos abocan a una
hecatombe sin precedentes.
- Demandamos políticas sanitarias que respeten las libertades civiles, los derechos fundamentales y
los derechos humanos, y nos oponemos a las políticas irracionales, represivas y sancionadoras, o que
atenten contra nuestra integridad y nuestros principios éticos y morales. No toleraremos los abusos
de poder ni que el Estado imponga una “Nueva Normalidad” que recorte nuestros derechos sociales
y ambientales, y las libertades civiles que tanto nos costaron conquistar. Exigimos particularmente la
normalización de la atención médica y sanitaria en los hospitales y la restitución de la atención
primaria. Y clamamos por que se ponga fin a las medidas deshumanizadoras implantadas en los
centros educativos y una protección real de los derechos de nuestros niños.
- La vacuna, cualquiera que sea, debe ser voluntaria y no forzosa ni obligatoria, con plenas garantías
de seguridad y eficacia. Los fabricantes de vacunas deben ofrecer información completa, veraz y
verificable sobre su composición y efectos adversos o no deseados. Y hacerse responsables de los
posibles daños causados. Antes de recomendar o administrar ninguna vacuna, el gobierno debe
acreditar científicamente, de manera clara, rotunda, inequívoca y fehaciente, la existencia del virus
SARS-Cov2 y su supuesta relación de causa-efecto con los síntomas de la enfermedad que la OMS ha
denominado Covid-19. Asimismo, debe justificar con evidencia científica que las medidas tomadas
contra la población “asintomática” tienen sustento y respaldo científico.
Exigimos que nuestra Constitución blinde la no obligatoriedad de la vacunación para garantizar que
ningún gobierno de turno tenga potestad para imponer la vacunación obligatoria a los ciudadanos.
- Nos pronunciamos a favor de la desactivación de las redes 5G por su peligrosidad y por atentar
contra nuestra salud, deteriorando nuestro sistema inmunitario y reduciendo la absorción y
asimilación de oxígeno a nivel celular. Apelamos al principio de precaución, abogamos por un mayor
control de las emisiones de las radiofrecuencias electromagnéticas y rechazamos el uso de la
tecnología como medio de control social a través de la inteligencia artificial y cualquier tipo de
experimentación global con los seres vivos y con el medio ambiente.
- Abogamos por la plena libertad de expresión y condenamos enérgicamente el terrorismo mediático
y la censura en todas sus formas y manifestaciones, tanto la ejercida por las instituciones públicas
como por las corporaciones privadas. Así mismo condenamos la brutal campaña de censura en las
principales redes sociales y plataformas online donde periodistas, profesionales, médicos, científicos
y ciudadanos están siendo sistemáticamente coaccionados, censurados y eliminados por cuestionar
las medidas de la OMS y del gobierno. Y muy en especial elsangrante caso de los médicos y sanitarios
que están siendo despedidos de sus trabajos, expedientados y cesados, por cuestionar la retórica de
la OMS y del gobierno.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la libertad de opinión y de expresión, pero a la
vez con la metodología de la no violencia y con la resolución pacífica de los conflictos, porque la libre
expresión no puede servir jamás de excusa para justificar o amparar agresiones o comportamientos
violentos.
- Nos reafirmamos en la soberanía de nuestra salud. Exigimos la inmediata liberación de las patentes
de salud, maliciosamente retenidas o prohibidas durante décadas, la independencia del sistema
sanitario respecto de la industria farmacéutica, y la libre elección de los tratamientos disponibles
incluyendo las terapias naturales o las alternativas (como el MMS o dióxido de cloro), junto a la
accesibilidad y gratuidad de dichos tratamientos.
- Reclamamos justicia y una investigación a fondo de lo ocurrido en las residencias. El gobierno debe
explicar a la ciudadanía qué ocurrió en lasresidencias de ancianos: por qué se les denegó la asistencia
médica y el acceso a hospitales vacíos; por qué se ordenó su sedación en muchos casos; por qué las
autoridades sanitarias aprobaron el tratamiento de ancianos sanos con peligrosos medicamentos
contraindicados para mayores de 65 años, como las drogas Covicistat y Darunavir, con el pretexto de
aplicárselo como tratamiento preventivo del Covid-19 y pese a las claras advertencias de los mismos
fabricantes de dichas drogas; por qué se les encerró en habitaciones dejándoles morir de inanición y
deshidratación, como testimonian cada vez más trabajadores sanitarios y testigos del ejército; por
qué se aplicó a los fallecidos el protocolo de Grupo Dos (indicado para cadáveres radiactivos y
evitando así las autopsias) en lugar de aplicarles el protocolo de Grupo Uno, indicado para la gestión
de cadáveres resultantes de enfermedades infecto contagiosas y como cabría esperar en cualquier
pandemia.
El gobierno debe reparar de manera urgente los daños causados a los familiares afectados y poner
punto final a la hoja de ruta de la “nueva normalidad”.
- Exigimos transparencia y democracia, porque sin transparencia no hay democracia. La nefasta
gestión de la pandemia ha puesto de manifiesto tanto la falta de transparencia de las instituciones
públicas y privadas como la escasa calidad democrática de nuestro sistema político. Reclamamos un
debate público donde las distintas corrientes científicas expongan sus argumentos con libertad,
aunque no coincidan con los de la oficialidad representada por la OMS. Nunca más se deben adoptar
medidas tan drásticas, que afectan muy negativamente a la ciudadanía, sin contar con el necesario
consenso social y sin poner a disposición de la sociedad toda la información necesaria para la
adopción de tales medidas.
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